Principales retos económicos de
Nicolás Maduro
Víctor Álvarez R.
Investigador del Centro
Internacional Miranda
Contenido
1.
Transformar economía rentista
e importadora en economía productiva y exportadora
En una sociedad rentista,
los actores económicos y sociales se acostumbran a obtener ingresos que no son
fruto de su trabajo. Desde que apareció el petróleo en Venezuela ha sido más
fácil devorar la renta, comprándole al resto del mundo lo que bien pudiéramos
estar generando internamente con trabajo productivo. El reto está en sustituir
esa mentalidad rentista por una nueva cultura del trabajo. Solo así podremos
convertir los recursos naturales que exportamos sin mayor valor agregado, en
una creciente producción agrícola e industrial que sustenten la soberanía
productiva.
La transformación productiva
planteada en Venezuela tiene dos ejes claves. 1) La creación de nuevas
relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad
social, popular y comunal. 2) La transformación del capitalismo rentístico e
importador en una nueva economía socialista diversificada, capaz de producir
los bienes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la población,
sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la
dependencia del ingreso petrolero.
Venezuela es un país con un
fuerte arraigo extractivista y por eso depende de
la captación de renta y no del esfuerzo productivo para satisfacer sus
necesidades..
El extractivismo es un modelo
de acumulación basado en la obtención de una renta por la explotación de
recursos naturales y energéticos. Lleva a la dependencia de los países ricos en
materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a vender tales
recursos en lugar de transformarlos industrialmente. Es un modelo depredador
del ambiente toda vez que agota los yacimientos o los extrae a un ritmo
superior a la tasa de reposición.
Se trata de un modelo de
enclave con una actividad aislada del resto de la economía y poco impacto sobre
desarrollo endógeno. La mala asignación de los factores productivos distorsiona la dinámica
económica. Coexisten sistemas de alta y baja productividad, pobre densidad de
empresas industriales por cada mil habitantes, poca diversificación e
integración industrial.
3.
Construir nuevo modelo productivo bajo control de los trabajadores y la
comunidad
Al analizar la estructura de
la Población Económicamente Activa, salta a la vista el incremento de la fuerza
laboral ocupada en el sector público. Como se sabe, este es un empleo
inflacionario, toda vez que el incremento de la demanda que subyace en las
remuneraciones, bonos y beneficios laborales de los empleados públicos no tiene
como respaldo una abundante producción de bienes y servicios que permita
mantener el necesario equilibrio entre la oferta y la demanda. Así, los
ingresos de los empleados públicos se traducen en una permanente inyección de
recursos en el mercado monetario sin el correspondiente incremento en el
mercado de bienes y servicios.
No se trata de dar empleo
sino de generar trabajo productivo a través del impulso a un nuevo modelo en
manos de los trabajadores y de la comunidad, sin mediaciones burocráticas de
ningún tipo. Solo así será posible impulsar una creciente actividad económica
capaz de asegurar una abundante producción de los bienes requeridos para
satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, manteniendo los necesarios
equilibrios entre el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario,
entre la oferta y la demanda.
La “siembra del petróleo” no
debe ser vista solo como inversión en autopistas, ferrovías, metros, puentes,
centrales termo o hidroeléctricas y demás obras de infraestructura. Este
enfoque “desarrollista” fue el que predominó en el pasado reciente y por eso la
inversión de la renta favoreció a las empresas contratistas a las que se les
adjudicaban las obras, mientras el desempleo, la pobreza y la exclusión social
causaba estragos en la mayoría empobrecida de la población.
La inversión en
infraestructura es necesaria más no suficiente. Si queremos acabar con estos
flagelos sociales, un porcentaje creciente de la renta petrolera debe ser
invertido socialmente para garantizar el derecho de todos los venezolanas/os al
trabajo, alimentación, educación, salud, vivienda, ciencia, tecnología,
cultura, deporte, etc. Y, por supuesto, otro porcentaje significativo debe ser
invertido en distintos fondos de compensación macroeconómica, desarrollo
nacional y patrimonial que minimicen el impacto negativo del comportamiento
errático que a lo largo de la historia han tenido los precios del petróleo.
4.
Derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación
El crecimiento del PIB a lo
largo de varios trimestres no se tradujo en más calidad desde el punto de vista
productivo. Por el contrario, el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de
sectores estratégicos como la agricultura y la manufactura retrocedió. Para
lograr las metas de seguridad y soberanía productiva Venezuela debería tener
una agricultura que pese, al menos, 12 % del PIB y apenas aporta 4,5 %. Una
economía es considerada industrializada cuando la manufactura aporta al menos
el 20% del PIB, y en Venezuela apenas es del 14%.
La escasez se origina en una
política económica que, si bien ha hecho crecer el PIB, este crecimiento ha
sido de baja calidad, toda vez que se basa en los sectores del comercio
importador y los servicios financieros, a expensas de una caída sostenida de la
agricultura y la industria, que son precisamente los sectores que generan los
bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y
esenciales de la población.
Es típico que en la antesala
de un proceso electoral se produzcan brotes de acaparamiento y especulación con
el objetivo de causar malestar en el electorado. Pero los elevados y sostenidos
índices de escasez en Venezuela se deben a un problema estructural que tienen
que ver con el desmantelamiento del aparato productivo. Incluso, en la red
Mercal y PDVAL se observan anaqueles vacíos, evidencia clara de una escasez que
tiene una causa estructural, toda vez que esas redes no fueron creadas para
acaparar ni especular.
La exacerbación del
consumismo consubstancial a los auges rentísticos tiende a aumentar la demanda
de divisas para conjurar la escasez. El anclaje cambiario -al golpear la
producción nacional-, a la larga causa escasez, toda vez que el subsidio al
dólar se traduce en un subsidio a las importaciones que desplazan la producción
nacional. Como la producción nacional cae de manera sostenida, crece la demanda
de divisas para importar y conjurar la escasez, el acaparamiento y la
especulación. Importamos porque no producimos y no producimos porque
importamos. Este círculo vicioso se ve agravado por el anclaje cambiario que
tiende a abaratar el dólar oficial y subsidiar las importaciones que se hacen a
la tasa de cambio oficial, en comparación con el precio de la divisa en el
mercado.
5.
Impulsar la industrialización socialista
La manufactura tiene un gran
efecto multiplicador sobre los demás sectores económicos. “Aguas arriba”
demanda materias primas a la agricultura, pesca, forestal, minería, etc. “Aguas
abajo” ofrece bienes intermedios e insumos industriales para el desarrollo de
otros sectores. Además, demanda servicios de apoyo, agua, electricidad,
telecomunicaciones, financiamiento, infraestructura, redes de distribución y
comercialización. Cuando crece la industria crece toda la economía.
La industrialización
socialista que está planteada en Venezuela la entendemos como un proceso
llamado a sustituir la industrialización basada en la explotación del trabajo
ajeno, el uso intensivo de materias primas y energía, la depredación del ambiente
y los desequilibrios territoriales, por un nuevo tipo de industrialización
basado en diferentes formas de propiedad social, la aplicación de nuevos
principios para la justa remuneración del trabajo y la inversión social de los
excedentes, el uso de información y conocimientos científicos y tecnológicos,
la preservación del ambiente y el desarrollo armónico de las regiones.
En este sentido, se impone
un balance crítico del proceso de industrialización en las condiciones del
capitalismo rentístico venezolano. Cuestionamos la sustitución ineficiente de
importaciones que condenó a los trabajadores a adquirir productos de inferior
calidad y precios superiores a los importados, pero también condenamos la
apertura neoliberal que sometió a los productores locales a una feroz
competencia con las importaciones procedentes de las principales potencias
industrializadas. Como alternativa entre estas dos opciones extremas se plantea
la necesidad de reivindicar las políticas industriales y tecnológicas para
profundizar la reactivación, reconversión y reindustrialización del aparato
productivo, como condición básica para alcanzar la plena soberanía económica.
Si bien es cierto que a través
del Plan Plena Soberanía Petrolera se ha reivindicado la soberanía
nacional sobre el petróleo, queda pendiente una política de industrialización
de los hidrocarburos, toda vez que se sigue exportando petróleo crudo y gas
líquido para luego importarlo con valor agregado.
La abundancia de divisas y
el anclaje cambiario se traducen en un dólar subsidiado que desplaza a la
producción nacional, tova vez que resulta mucho más barato importar que
producir para sustituir importaciones o exportar. Si nos planteamos para los
próximos años una meta de alcanzar por lo menos un establecimiento industrial
por cada mil habitantes, podríamos lograr en un lapso de diez años a 28 mil
establecimientos industriales, que es mucho más que los 7.000 establecimientos
industriales que tenemos ahora. Eso permitiría sustituir buena parte de las
importaciones que actualmente hacemos y diversificar la oferta exportable,
particularmente la derivada de la industrialización de los hidrocarburos que es
donde el país posee importantes ventajas comparativas.
Las contradicciones entre
las políticas macroeconómicas y sectoriales mediatizan y pueden llegar a anular
los incentivos gubernamentales para impulsar la transformación productiva. De
allí la necesidad de armonizar la política fiscal, cambiaria, monetaria y
financiera con la política agrícola, industrial y tecnológica. Impulsar la
construcción de un nuevo modelo productivo exige una eficiente intervención del
Estado para orientar un proceso que no puede quedar a merced de las fuerzas
ciegas del mercado. El Gobierno Bolivariano puede combinar
diferentes incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras
gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. hasta
elevar la actual densidad industrial de 0.25 a 1 establecimiento industrial por
cada mil habitantes y lograr que el aporte de la manufactura al PIB suba del actual
14 % a 20 %, alcanzando así Venezuela la condición de país industrializado.
Se impone evolucionar de la
simple administración de divisas provenientes de la renta petrolera a un manejo
inteligente de la política cambiaria, en función de inducir la transformación
estructural del aparato productivo. En este sentido, urge aplicar una tasa de
cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo interno,
que no subsidie a las importaciones, para así darle margen al desarrollo de la
producción agrícola e industrial que se han visto seriamente afectadas por las
crecientes importaciones que se hacen con una tasa oficial subsidiada.
En Venezuela el precio del
dólar se mantiene fijo por varios años a pesar de que el país registre una
inflación superior a la de sus socios comerciales. La consecuencia inevitable
del anclaje cambiario es la sobrevaluación del bolívar. Esto se refleja en el
hecho de que los productos importados resultan ser mucho más baratos que los
nacionales. Cuando la sobrevaluación se ha hecho insostenible, el gobierno ha
aplicado maxidevaluaciones de 100% y 46,5%, pero la tasa de cambio sigue tan
sobrevaluada que la insaciabilidad del dólar no cesa y la creciente demanda de
divisas baratas ante CADIVI continúa. Aunado a esto, el traspaso de divisas a
fondos de gasto que maneja directamente el Ejecutivo como el FONDEN merman las
divisas disponibles para atender las necesidades del aparato productivo. Por si
fuera poco, en un contexto inflacionario, los agentes económicos recurren
masivamente a la compra de dólares en el mercado paralelo para protegerse de la
inflación.
El anclaje cambiario se ha
convertido en un subsidio al dólar. En los hechos, esto se traduce en un
subsidio a las importaciones que desplazan la producción nacional. Corregir
esta problemática requiere una política cambiaria dinámica y
flexible, con ajustes periódicos en el precio oficial del dólar. El reto está
en encontrar una tasa de cambio que exprese la productividad real de la
agricultura y la industria con el fin de propiciar las transformaciones
estructurales en el aparato productivo y así poder sustituir importaciones y
diversificar las exportaciones. Se trata de convertir la política cambiaria en
un eficaz instrumento que facilite la inserción productiva de Venezuela en la
integración latinoamericana al permitir que los exportadores que colocan sus
productos en los países del Alba y Mercosur, participen directamente en la
subasta de dólares, ofertando el equivalente al valor agregado que exportan.
En lo que va de año la
inflación ya está en 7.7 %. Si esta tendencia se proyecta al resto del año, la
inflación puede superar el 25 %. Sobre todo si tomamos en cuenta que el lado
malo del ajuste cambiario es el encarecimiento del componente importado, lo
cual atiza aún más la inflación.
El control de precios ha
mostrado sus límites. Se controla el precio final pero se aumentan los sueldos
y se mantienen liberados los precios de las materias primas, insumos y
maquinarias. Así, hasta en las cooperativas de la economía social los costos de
producción superan el precio controlado y desestimulan la producción. Como
nadie produce para perder, surgen brotes de acaparamiento que agravan la
escasez. Para evitar este círculo vicioso hay que diseñar una estrategia
antiinflacionaria eficaz, con decisiones coherentes en política fiscal,
monetaria, cambiaria y de precios, así como en materia de política agrícola,
industrial y tecnológica.
La clave del éxito está en
reactivar el aparato productivo, reindustrializar la economía nacional y
dinamizar los canales de distribución y comercialización para derrotar la
escasez, el acaparamiento y la especulación.
Si el gobierno o algún ente público con déficit
requiere financiamiento, suelen emitir obligaciones para que sean adquiridas
por inversionistas nacionales o extranjeros, por la banca, o por el BCV. Entre
los activos que puede adquirir un banco central figuran los títulos valores,
como bonos y pagarés. Y cuando un instituto emisor adquiere un activo, entonces
crea dinero primario con el que realiza la compra.
Cuando los bancos centrales pueden crear dinero, suele
ser una tentación para un gobierno en déficit buscar financiamiento en el
instituto emisor, a través de la emisión de bonos u otras obligaciones que la
autoridad monetaria les compra. Justamente esto es lo que se conoce como la
monetización del déficit fiscal.
Actualmente el déficit del
sector público consolidado esta en el orden del 15 % del PIB (incluye PDVSA,
empresas básicas y empresas nacionalizadas). Este déficit se presenta en
momentos en que los precios del petróleo han perforado la barrera de $ 100
dólares/ barril.
Si el financiamiento del déficit fiscal por parte del
BCV se convierte en una práctica reiterada y creciente, las consecuencias son
nefastas. La expansión de la liquidez monetaria sin respaldo en el aumento de
la oferta de bienes y servicios, se traduce en un deterioro del poder de compra
de la moneda. Por lo tanto, se trata de prescindir
del financiamiento del gasto público a través del BCV para evitar las emisiones
de dinero inorgánico que atizan la inflación.
Sin embargo, las modificaciones a la Ley del BCV están
transformando al instituto emisor en un gran financiador del déficit fiscal.
Hasta PDVSA y otras empresas públicas no financieras ahora pueden endeudarse
con el BCV. De hecho, al cierre de 2012, la deuda neta de la petrolera con el
instituto emisor superó los 165 millardos de bolívares, justo en el año en que
se vendió el petróleo al mayor precio. En el caso de las otras empresas
públicas no financieras, su deuda neta con el BCV superó los 15,5 millardos de
bolívares al cierre de 2012.
La monetización del déficit
mediante el financiamiento del BCV al gobierno ha provocado un crecimiento de
la liquidez monetaria en torno a un 65% interanual. Y ésta es una de las causas
propagadoras de la inflación. En la práctica se trata de un impuesto
inflacionario que recae con más peso sobre la capacidad de compra de los
sectores que viven de un ingreso fijo.
De continuar esta situación podríamos caer en un
proceso perverso de creación desproporcionada de dinero base y de expansión de
oferta monetaria sin el debido respaldo, lo cual inevitablemente nos llevaría a
sufrir una inflación cada vez mayor. De hecho, el uso de
las reservas internacionales del BCV por parte del gobierno, y el
financiamiento del gasto público a través de la emisión de dinero inorgánico
están comenzando a generar efectos inflacionarios no deseados. Es necesario
recordar una vez más que en todos los países donde se ha incurrido en un
desenfreno fiscal, las consecuencias inflacionarias han sido inevitables y ha
afectado sobre todo el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
Habría que repensar la
reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
según la cual el Ejecutivo podrá contraer nueva deuda sin necesidad de contar
con la aprobación de la Asamblea Nacional, ni la opinión favorable del BCV.
Sería
preferible obtener los ingresos fiscales que hacen falta sincerando el precio
de la gasolina. No obstante, el gobierno está preso de un rígido tabú en torno
al precio de la gasolina.
En 1989, el aumento del
combustible fue el detonante del Caracazo, más no la causa de aquellas
protestas. Las mismas fueron la expresión del descontento acumulado por la
aplicación de un conjunto de medidas antipopulares, tales como: liberación de
precios, eliminación del control de cambio, aumento de las tasas de interés,
privatización de empresas con la pérdida de millares de puestos de trabajo. Hoy
la situación es muy distinta y no hay ningún tipo de riesgo de que se produzca
un segundo Caracazo. El pueblo ha recibido el impacto positivo de la política
social del Gobierno Bolivariano y está cada vez más consciente del despilfarro
que estimula una gasolina tan barata. Por eso respaldaría la medida de sincerar
el precio de la gasolina, siempre y cuando buena parte de estos ingresos
adicionales se reorienten hacia la inversión social y la modernización del
transporte público, en lugar de seguir regalando el combustible a los poderosos
que ostentan varios vehículos y son los únicos que se benefician con la
gasolina subsidiada.
La gasolina barata significa un subsidio que favorece a los propietarios de vehículos con alto consumo
de gasolina, mientras que los más pobres se ven obligados a usar un transporte
público todavía deficiente. En otros países, para llenar un tanque de 60 litros hay que pagar $ 60,
mientras que en Venezuela sale por menos de $ 1. Una
botellita de agua cuesta 20 veces más que un litro de gasolina. Si comparamos el precio interno con
el internacional el subsidio anual supera los $ 15.000 millones, superior a las transferencias de PDVSA a las misiones sociales, que son de $ 14.000
millones.
La deuda
pública externa completa significa sumar la deuda de la administración central,
la de PDVSA, los préstamos otorgados por China, Rusia, Brasil, así como los
pagos pendientes por la expropiación de empresas.
La deuda pública externa se
encontraba en $ 28.050millones en 1998 y se mantuvo alrededor de $ 30.000
millones hasta 2007. A partir de allí ha aumentado en términos absolutos.
Consolidando las emisiones de deuda soberana y los petrobonos de Pdvsa al
cierre de 2012, asciende a $ 105.779 millones, lo cual representa un aumento en
más de 277%. De este total, $ 62.205 millones corresponden a PDVSA y
20.000 millones de préstamos chinos. Está conformada de la siguiente manera:
A la anterior tasa de cambio
de 4.30 Bs/$ la deuda externa representaba un 23,6 % del PIB. Este porcentaje que se consideraba
manejable, se ve alterado por la nueva paridad cambiaria. Para valorar mejor el
verdadero peso de la deuda externa, además de esta relación con el PIB,
conviene observar también su correlación con las reservas internacionales, la
velocidad del endeudamiento, las condiciones de plazo y tasas de interés a las
que se contrae, así como las fuentes de divisas para su cancelación. Sobre esta
base, estaremos en mejores condiciones de estimar si la deuda externa realmente
está en un monto razonable y dentro de rangos manejables.
En primer lugar, hay que considerar el impacto de la
reciente devaluación sobre el PIB en dólares. El mismo PIB en bolívares se
altera en dólares si se convierte a la tasa de cambio de 4.30 Bs/$ o a 6.30
Bs/$. En dependencia del tipo de cambio al cual se divida el monto del PIB en
bolívares, el resultado será muy diferente en dólares y, la correlación
Deuda/PIB también se alterará. Con la nueva paridad el PIB no llega a $ 400 mil
millones sino que se reduce en un 46,5 %, que fue el porcentaje de la
devaluación. Aunque se trate del mismo PIB en bolívares, al dividirlo entre una
tasa de cambio mayor, el resultado del PIB en dólares ahora es menor. Por lo
tanto, el endeudamiento externo como porcentaje del PIB ahora es mucho mayor.
Otro asunto muy importante
es el costo de la deuda. Si Venezuela tiene que emitir deuda a dos dígitos,
mientras que otros países con más problemas lo hacen a menos del 10%, la deuda
Venezolana puede estar resultando muy cara; y, en dependencia del plazo, el
solo pago de intereses puede llegar a ser mayor que el monto de la deuda. En otras palabras, si Venezuela
paga 10% de interés por colocar bonos de deuda nacional y EE.UU. solo paga 2%,
esto quiere decir que la deuda está resultando muy cara para Venezuela. Por lo
tanto, quienes participen en estas operaciones tienen que velar por el patrimonio
nacional. Es contrario al interés nacional un endeudamiento de la República a
tasas superiores a 12%.
Las Reservas Internacionales
son los recursos en divisas que tiene un país para garantizar las importaciones
y el servicio de deuda externa, en caso de un déficit en cuenta corriente o
limitaciones de financiamiento externo expresados en la cuenta capital.
Financiar el déficit fiscal
por la vía transferencias de reservas internacionales al FONDEN tiene
como consecuencia una presión sobre la liquidez monetaria, lo cual acelerará la
presión alcista sobre los precios. Por los estragos inflacionarios que ya está causando,
habría que revisar y rectificar las reformas que se hicieron al Decreto que
creó el FONDEN, a través del cual se le autoriza a emitir títulos y realizar
operaciones de endeudamiento. También debería revisarse y rectificarse el
decreto que creó la “Contribución Especial de Precios Extraordinarios y
Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos”. Como se sabe, las
transferencias de PDVSA al FONDEN derivadas de los altos precios petroleros,
podrán ser hechas tanto en divisas como en moneda nacional. Si bien es cierto
que cuando PDVSA vende dólares al BCV se incrementan las Reservas
Internacionales en poder del BCV, hay que tener en cuenta que al superar el
nivel de “Reservas Adecuadas”, el excedente termina siendo traspasado al
FONDEN, por lo cual, lejos de aumentar las reservas Internacionales, finalmente
terminan financiando el creciente gasto fiscal.
La relación Deuda Pública
Externa vs Reservas Internacionales puede ofrecer un criterio adicional para
estimar el peso de la deuda y convenir el nivel adecuado de reservas
internacionales, en función de los compromisos de deuda y de importación. De allí que un asunto clave se
refiere a la fuente de divisas que permiten pagar la deuda externa. En
Venezuela es el petróleo. Aunque se trata de un recurso que siempre se vende,
su cotización no deja de ser errática. Venezuela
sigue siendo un país mono-exportador y suele sufrir una caída de sus ingresos
en divisas ante cada recesión de la economía mundial, lo que podría afectar su
capacidad de pago. Minimizar
el impacto sobre la capacidad de pago de los altibajos del precio del petróleo
exige diversificar las exportaciones para generar fuentes alternas de divisas y
de menor fluctuación.
Según se nos informó un grupo de ingenieros ya vinieron a El
Tocuyo a colocar una nueva Central que permita reemplazar a la existente y
solucionar este problema. Este proceso durará máximo 3 meses. 
